Trump vulnera el derecho internacional interviniendo militarmente en Venezuela

La intervención de Estados Unidos en Venezuela: una vulneración del derecho internacional que pone en peligro la convivencia pacífica de todos los Estados

Denunciar la intervención de Estados Unidos en Venezuela no implica, de ninguna manera, respaldar el régimen de Nicolás Maduro. La confusión deliberada entre ambas posiciones constituye una estrategia destinada a deslegitimar la defensa del derecho internacional y del principio de soberanía de los Estados. Cuestionar la injerencia de una potencia extranjera no supone apoyo a un gobierno concreto, sino compromiso con las normas fundamentales que garantizan la convivencia pacífica entre las naciones.

Los dos primeros artículos de la Carta de las Naciones Unidas son explícitos en este sentido: establecen la igualdad soberana de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza o de la amenaza como instrumentos de política exterior. La actuación de Estados Unidos hacia Venezuela, materializada en operaciones militares abiertas y en el uso explícito de la fuerza armada, constituye una vulneración flagrante de dichos principios. En ningún caso tales intervenciones han contado con el aval del Consejo de Seguridad de la ONU ni con el consentimiento del Estado afectado. Nos hallamos, por tanto, ante una violación palmaria del orden jurídico internacional, cuya observancia resulta esencial para preservar la paz y la estabilidad globales.

Resulta insostenible sostener que el objetivo de estas acciones sea la restauración de la democracia o la liberación del pueblo venezolano. La historia reciente ofrece precedentes elocuentes: Irak, Libia y Siria son ejemplos trágicos de cómo las intervenciones militares, justificadas en nombre de la libertad o la defensa de los derechos humanos, derivaron en la destrucción del tejido institucional, el colapso de la soberanía nacional y el sufrimiento prolongado de sus pueblos. En todos esos casos —y ahora en Venezuela— el discurso humanitario ha encubierto fines mucho más concretos: el control de recursos estratégicos y la consolidación de la hegemonía geopolítica de Washington. Se trata, en definitiva, de un acto de rapiña militar con apariencia de intervención salvadora.

La gravedad de esta situación trasciende la frontera venezolana. La vulneración del derecho internacional afecta al conjunto del sistema multilateral y, por ende, a la seguridad colectiva. La aceptación pasiva de tales actuaciones crea un precedente alarmante: ningún país puede considerarse a salvo de una intervención futura bajo pretextos similares. La erosión de la soberanía nacional de un Estado, por débil o cuestionado que sea su gobierno, debilita a todos los Estados por igual.

Por ello, resulta imprescindible adoptar una posición clara y firme en defensa del derecho internacional. Reafirmar los principios de la Carta de las Naciones Unidas no es un gesto de simpatía hacia un determinado gobierno, sino un acto de coherencia política y ética. Venezuela debe poder resolver sus conflictos internos mediante sus propias instituciones y sin imposiciones externas. El rechazo a la actuación de Trump por parte del pueblo estadounidense es un hilo de esperanza, pues posiblemente sea su propio pueblo quien más pueda incidir para detener la deriva neofascista de sus dirigentes. Solo así podrá preservarse la esencia del orden internacional basado en normas, frente a la tentación del unilateralismo y la ley del más fuerte.